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En estos días, muchos monotributistas encontraron acreditaciones inesperadas en sus cuentas bancarias. No se trata de un error: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero comenzó a efectivizar el reintegro del componente impositivo correspondiente al período 2025.
El mecanismo no es nuevo, pero su lógica es clara: premiar el cumplimiento sostenido.
La Ciudad de Buenos Aires avanzó en una reducción selectiva de la carga tributaria sobre trabajadores independientes. La medida —impulsada por la gestión de Jorge Macri y aprobada por la Legislatura— elimina el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para un segmento relevante del régimen simplificado.
El universo potencial supera las 140.000 personas, con impacto directo en actividades de servicios.
La operatoria de los monotributistas en Argentina está completamente digitalizada y bajo monitoreo permanente. Hoy, cumplir con la facturación electrónica no es solo una formalidad: es la condición básica para sostenerse dentro del régimen.
Todo monotributista debe emitir comprobantes electrónicos tipo “C” (o “E” si exporta servicios o bienes) a través de ARCA (ex AFIP).
El Gobierno Nacional reglamentó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) mediante el Decreto 242/2026, completando el marco normativo previsto por la Ley 27.802.
Se trata de un instrumento orientado a canalizar inversión productiva, con foco en PyMEs, en un contexto donde las restricciones de financiamiento y la presión tributaria condicionan las decisiones de capital.
A partir del 14 de abril de 2026, se actualiza el monto mínimo que obliga a la emisión de Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME, fijándose en $5.549.862.
La modificación no es menor: redefine el umbral de aplicación de un instrumento central para el financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas.
La actualización semestral de los parámetros del Impuesto a las Ganancias ya se encuentra vigente para el período enero–junio de 2026. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ajustó los valores en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC)...
Este mecanismo de indexación busca preservar, al menos parcialmente, la progresividad del tributo en un contexto inflacionario, evitando que contribuyentes queden alcanzados únicamente por efectos nominales.
En el ámbito tributario subnacional, un proyecto de ley impulsa la regulación de las tasas municipales a nivel nacional, con el objetivo de establecer criterios uniformes y restringir prácticas recaudatorias que desdibujan su naturaleza jurídica.
La iniciativa parte de una distinción técnica central: la tasa no es un impuesto. Mientras el impuesto financia el gasto público general sin contraprestación directa, la tasa exige la existencia de un servicio concreto, efectivo e individualizado.
La categorización como Micro, Pequeña o Mediana Empresa (MiPyME) se formaliza a través del Certificado MiPyME, un instrumento central dentro del entramado de políticas públicas orientadas a este segmento productivo.
Más que una acreditación formal, el certificado funciona como una “llave de acceso” a un conjunto de beneficios fiscales y financieros que inciden directamente en la estructura de costos y en la capacidad de financiamiento de las empresas.
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) actualizó los parámetros vinculados al Código de Operaciones de Traslado (COT), instrumento clave dentro del esquema de control fiscal sobre la circulación de bienes.
El COT constituye un requisito obligatorio para el transporte de mercaderías dentro del territorio bonaerense cuando el origen o destino se encuentre en jurisdicciones adheridas al sistema.
La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, mediante la Resolución 1/2026, actualizó los parámetros de categorización aplicables al universo MiPyME.
El objetivo central de la actualización es preservar la consistencia del régimen frente a la dinámica inflacionaria, evitando que empresas que mantienen su nivel de actividad queden excluidas de los beneficios por efectos nominales.
El régimen de facilidades de pago establecido por la Resolución General (ARCA) 5711 fijó como fecha límite el 31 de marzo de 2026 para adherir a un esquema que permite regularizar obligaciones con vencimiento hasta el 31 de agosto de 2025.
En este contexto, la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas (FAGCE) solicitó formalmente la extensión del plazo de adhesión y la ampliación del universo de deudas alcanzadas.